Tres excargos de Boluda Lines y de su empresa consignataria de buques, Miller y Cía, irán a juicio el martes por presuntamente apropiarse de casi un millón de euros entre 2011 y 2019 mediante el uso fraudulento del sistema de "caja capitán", un servicio que consiste en la entrega a los buques que hacen escala en el Puerto de La Luz del dinero que necesitan para gastos a solicitud del armador o capitán. 

El escrito de acusación de la Fiscalía se dirige contra el director de la delegación en Las Palmas de Miller y Cía, identificado con las iniciales R. D. L., la oficial del departamento de consignaciones, M. S. R., y la responsable de tesorería de la mercantil, I. H. R., que gestionaba las cuentas desde la sociedad de Boluda Lines. Presuntamente manipularon la documentación y los controles internos para justificar pagos no autorizados y desviar fondos en su propio beneficio. 

El Ministerio Público considera que estos hechos son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito continuado de apropiación indebida, por lo que pide para cada uno de los acusados una pena de ocho años de prisión, 18 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. En cuanto a la responsabilidad civil, interesa que los acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria a la empresa consignataria el importe presuntamente defraudado.

La Fiscalía pide ocho años de cárcel por falsedad documental y apropiación indebida

El servicio de "caja capitán" se documenta en soporte físico y se remiten copias a los departamentos de consignación y tesorería. El procedimiento comienza con la solicitud que remite el armador por correo electrónico a la consignataria para la entrega de capital al capitán de un buque de los que explota atracado en el Puerto de La Luz. La empresa inicia en ese momento un expediente interno en el que requiere al armador la provisión de fondos, informándose a tesorería para la inclusión del gasto. 

Una vez el armador realiza el ingreso en la cuenta bancaria de la empresa, la oficial del departamento de consignaciones debe comprobar que se haya realizado correctamente y solicitar al director de negocios la autorización para realizar el pago. Todas las operaciones debían comunicarse a la responsable de tesorería para que las comprobara e incluyera el pago en negrita en sus previsiones, que se enviaban cada día en una hoja de cálculo a la dirección financiera. 

El departamento tenía en cuenta los pagos de las cajas capitán para que se pagaran sin necesidad de una autorización adicional y emitía el cheque para retirar fondos con el fin de que se entregara al visitador y abonara el importe correspondiente. Cuando lo hacía, firmaba un recibo que se entregaba al director de negocios, que se encargaba de revisar y cerrar el expediente. 

Enriquecimiento ilícito

La Fiscalía cree que los tres encausados se pusieron de acuerdo y siguieron un guion preestablecido para intentar obtener un enriquecimiento ilícito haciendo un abuso de sus funciones de administración en la mercantil. 

Mantiene así que realizaron 233 operaciones irregulares, bien por inexistentes o por excesivas, haciendo constar dichas partidas en la documentación contable y apropiándose para su propio beneficio de un importe total de 996.778 euros.